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Una agenda energética necesaria

La semana pasada escribía sobre algunos problemas que enfrentará el próximo gobierno, gane quien gane en 2024. Las presiones fiscales que enfrentará el Estado en la segunda mitad de esta década son cada vez más evidentes y la urgencia de una reforma fiscal cada vez más obvia.

Las necesidades del próximo gobierno no se limitan a la parte fiscal, también hay necesidades específicas como las del sector energético.

Aunque con este gobierno cambiamos de paradigma ideológico y narrativo, a uno que privilegia el estatismo sobre la inversión privada, la realidad es que gracias al revés en las cámaras para llevar a cabo los cambios constitucionales que pretendía este gobierno y a los reveses en la SCJN, seguimos operando bajo el marco regulatorio de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y el mercado eléctrico mayorista.

Un cambio a la LIE poco controversial implicaría aumentar la capacidad máxima de los generadores exentos de generación distribuida —generación fotovoltaica en sitio para consumo propio— de 500 KW a 1 MW. Esto requeriría un cambio a la LIE y, por ende, una mayoría absoluta (50% más 1) en ambas cámaras, pero traería grandes beneficios. Esta modificación permitiría a muchas más empresas invertir en su propia generación —sin entrar a las complicaciones de las plantas que operan bajo el régimen legado de autoabasto— para cumplir sus objetivos de sustentabilidad, reducir costos en energía y aumentar la capacidad de generación renovable sin poner mucha presión sobre la red de transmisión.

Pero lo más urgente —asumiendo que gane quien gane no tendrá la mayoría calificada para hacer cambios constitucionales— es hacer cumplir el marco legal vigente y hacer funcionar a las instituciones del Estado.

Hacer cumplir la legislación vigente implica reinstaurar las subastas a largo plazo que permitieron obtener en su momento los precios de generación renovable más bajos del mundo y permitir la migración de la capacidad de generación bajo regímenes legados al mercado eléctrico mayorista (prerrogativa de generadores y consumidores eléctricos). Aunque ambas figuras están contempladas en la ley vigente, no han sucedido en esta administración. La primera porque el CENACE ha decidido no llevarlas a cabo por una suspensión decretada por el gobierno, aunque las necesidades de compra de energía de la CFE continúen al alza y su Suministrador de Servicios Básicos, que atiende a >47 millones de usuarios, solo esté habilitado para realizar nuevas compras vía subasta. Y, la segunda por el bloqueo administrativo en la CRE.

Y quizá aquí viene lo más importante para detonar el crecimiento en el sector energético que requiere la economía, hacer que las instituciones del Estado, y en particular la CRE, funcionen. De acuerdo con el portal energy21 la CRE tiene un rezago de casi 10,000 trámites por resolver. A este ritmo, y con las nuevas reglas para atender solicitudes, tardará años para alcanzar el rezago; de nuevos permisos de generación e interconexión ni hablar.

Más allá de esos cambios, es fundamental retomar las inversiones en transmisión –en Baja California y el Istmo– que este gobierno suspendió. Estas son solo algunas recomendaciones, sin duda hay muchas más. Pero lo que es un hecho es que si queremos aprovechar el nuevo Mexican moment y capitalizar las oportunidades frente a nosotros hay que dinamizar el sector energético. Ojalá las corcholatas y los posibles candidatos de oposición nos explicaran qué piensan hacer con este sector estratégico en vez de “politquerías”, por citar al clásico.

Jorge A. Castañeda Morales 17 de mayo de 2023, 23:04

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